Los Gobiernos Locales de Bolivia

Desde el inicio del periodo de la República, en Bolivia existieron las Alcaldías Municipales, las mismas que generalmente fueron concebidas como entes asociados a espacios físicos urbanizados, es decir: ciudades y pueblos. 

Sus funciones nunca estuvieron claras pero se relacionaron siempre con la recaudación de tributos urbanos (autorizaciones para urbanizaciones, para construcciones y licencias para actividades comerciales) de donde teóricamente se podrían generar recursos. 

Las funciones municipales abarcaban teóricamente todo tipo de obras y servicios: infraestructura de calles, avenidas, plazas y ornato urbano, servicios básicos de dotación de agua potable, provisión de energía eléctrica, transporte, recolección y acopios de basura, recolección y tratamiento de aguas servidas y negras, servicios de transporte de pasajeros, teléfonos, etc.  

Demasiadas tareas y pocos recursos.  

Nunca hubo la eficiencia necesaria para recaudar y menos para ejecutar. Las alcaldías se convirtieron en agencias de empleos de  los gobiernos de turno, simples entes que recaudaban el dinero suficiente como para pagar a los empleados y los negocios  del partido que se acomodaba en su estructura. 

Una exacta calca de la estructura del gobierno central. El atraso y las graves deficiencias en infraestructura y servicios fueron y son patentes hasta hoy en las ciudades y poblaciones bolivianas. 

Un cambio estructural parcial importante se dio en éste nivel administrativo a partir de 1.985.

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Ley de Participación Popular    

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, en años previos a 1.985, intentó revalorizarse a sí misma a través de una administración que quiso ir mas allá de  ser un simple empleador, proponiendo un ambicioso plan de infraestructura a largo plazo y generando condiciones para que los entes financieros le aceptaran como sujeto de crédito; lo que generó la  inspiración necesaria como para creer que las Alcaldías podían convertirse en importantes gestores del desarrollo local. 

Coincidentemente, por aquellos años surgieron las corrientes del “desarrollo local”, que como complementación a la globalización mundial que se propagaba, proponían el equilibrio competitivo local como la mejor alternativa. 

Bajo éstos influjos, en Bolivia se instituyó la municipalización del territorio nacional y su administración, a través de la Ley de Participación Popular. 

Mediante éste instrumento legal, el territorio de Bolivia fue íntegramente dividido en municipios o jurisdicciones municipales apelando a la división política territorial en Departamentos, éstos en Provincias y éstas a su vez en cantones que fueron las actuales secciones municipales. 

Se tomó como base la delimitación de  los espacios territoriales correspondientes a éstas secciones municipales con algunos cambios y adaptándose algunas realidades y conflictos a los nuevos esquemas. 

Existen por consiguiente 314 municipios con diversas características: los hay casi enteramente urbanos, enteramente rurales y también mixtos. Algunos tienen grandes poblaciones y recursos y otros no. Lo único en común que tienen todos son sus grandes y múltiples necesidades, variando solo en el grado de las mismas. 

Cada municipio o jurisdicción territorial tiene su respectiva capital donde se sitúa la sede del Gobierno Municipal o Alcaldía. 

En los casos de ciudades capitales de Departamento se definieron las “secciones capitales” coincidiendo con ellas y delimitando sus espacios territoriales físicos. 

Sin embargo, además del reordenamiento territorial también se establecieron algunos cambios en el orden administrativo, como por ejemplo la asignación de recursos en función del número de habitantes de cada municipio a tiempo de definirse también tareas específicas en la obligación municipal. 

Por otro lado, las alcaldías mantuvieron sus ingresos propios tradicionales a través de la recaudación de algunos impuestos y tasas locales y por su parte el gobierno central estableció mecanismos de compensación para los municipios o regiones más pobres, aparte de proponerse también la posibilidad de mancomunarse o unirse entre municipios para determinados objetivos comunes.

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Los Municipios

A partir de éste nuevo escenario y la ley de municipalidades, Bolivia entró en un periodo en el que centró su atención en éstas estructuras, por estar más cercanas al poblador. 

El poder local, está pues centrado en el Gobierno Municipal. 

Este, a su vez tiene su parte Ejecutiva encabezada por el Alcalde a quien secundan sus “oficiales mayores” que tendrían que ejecutar las disposiciones y planes y administran, por tanto: los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles. 

La otra parte, la legislativa, está formada por los Concejos Municipales que tienen por misión –teóricamente- dictar las disposiciones legales necesarias para ejecutar las políticas que proponga el ejecutivo y las que fueran necesarias para mejorar la vida de los pobladores. 

Paralela y supuestamente, se establece también que los Concejos Municipales deben fiscalizar las tareas del organismo Ejecutivo Municipal y vigilar el cumplimiento de las disposiciones del llamado “Organo Deliberante” (Concejo Municipal) 

En la práctica, similarmente al caso de la estructura del gobierno central de la república, los problemas surgen del sistema electoral puesto que los votantes que participan en las elecciones municipales que se deben realizar cada cinco años, NO eligen al alcalde de manera directa, sino a los Concejales quienes de entre ellos, definen al Alcalde. 

Este proceso, como es de suponer y de igual manera que en el congreso nacional, ha sido deformado y se ha degenerado de tal manera que los alcaldes salen elegidos como fruto de las más oscuras componendas e increíbles pactos y acuerdos subterráneos. 

Condicionantes inaceptables como la repartija de cargos públicos y cuotas de poder, paralización o anulación de procesos legales o administrativos, conducta de tratamiento de leyes locales, adjudicación de contratos por obras y servicios municipales,   favoritismos en las regulaciones de efectos millonarios como la inclusión y urbanización  de  tierras, valoración de las mismas, dotación de infraestructura y servicios, tráfico de influencias para compras de bienes, aprobación de proyectos, y otras aberraciones morales se practican como resultado del “sistema” electoral planteado. 

Cada municipio en mayor o menor escala ha sido y es víctima en Bolivia de éste manoseo y corrupción en alto grado, pasando los planes de desarrollo, obras y beneficios para la comunidad a un tercer plano, por lo que la postergación y el atraso es dramático y cada día se aleja más la posibilidad de poder cubrir las necesidades más elementales por lo menos en un grado mínimo. 

Las maniobras y maquinaciones no se restringen al espacio municipal sino que son parte de las componendas nacionales o interpartidarias que  consideran a los gobiernos municipales como materia negociable total o parcialmente, existiendo canjes e intercambios, condicionamientos y chantajes, alternabilidad forzada, rotaciones, secuencias, destituciones y otras imaginativas creaciones para usufructuar de las escasas arcas municipales que como en el caso de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por ejemplo presupuesta alrededor de cien millones de dólares anuales. 

El loteo de tierras, encubierto por planes de crecimiento urbano y ordenanzas (leyes municipales) con fondo social a cambio de votos y apoyo de la gente, ha dado como resultado verdaderos potentados que usufructúan sus millonarios frutos y se incrustan progresivamente en otras esferas de poder, respaldados por sus amplias “bases”, sin otras virtudes ni argumentos que su comercio con los bienes públicos y la explotación de las necesidades y la pobreza de la gente.

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Control Social

El supuesto control social del poder local, teóricamente tendría que ser ejercido por el Concejo Municipal.  Sin embargo los miembros del mismo eligen al Alcalde y de manera obvia y necesaria, formal u ocasionalmente deben ser sus partidarios para hacerlo.  

Este hecho desvirtúa absolutamente el supuesto control, de manera similar a lo que ocurre con el Gobierno Central y el Congreso. 

En la práctica la fiscalización no existe y menos una probable sanción si fuera necesario, sino todo lo contrario: el contubernio y el encubrimiento, atropellando la ley y la ética se dan todos los días. 

Las alcaldías se han convertido en pequeñas estructuras dictatoriales secundadas por los Concejos y la impunidad. 

La misma ley de participación popular, crea los Consejos de Vigilancia, ente supuestamente fiscalizador de la gestión municipal teóricamente formado por representantes de la comunidad elegidos a su vez por el voto de los pobladores, organizados –también teóricamente- de manera abierta y transparente para éste fin, a través de las llamadas OTB u Organizaciones Territoriales de Base. 

En la práctica, muy rara vez se ha logrado aplicar la parte de la ley que establece organizar a la comunidad, sino que los mismos políticos que aprobaron la ley jactándose de sus alcances, promovieron la validación de antiguas estructuras de organización social manipulada y manejada por los partidos políticos como las juntas vecinales en el caso de las ciudades. 

Todo intento de impedir ésta deformación a tiempo mismo de iniciarse la aplicación de la ley, ha sido imposible puesto que la personería legal de las OTB es “aprobada” por el mismo Concejo Municipal, condicionante de funestas consecuencias. 

La dependencia y el servilismo de estos esquemas incrustados premeditadamente entre el pueblo, siempre ha sido cuestionado por la verdadera comunidad nunca representada. 

La esperanza que planteaba la nueva ley, se disolvió rápidamente después de ser promulgada, aunque sirve de mucho para los discursos políticos que sacan sus propias conclusiones y para que algunos mentores de oficio de la misma hagan carrera como sus expositores. 

Los llamados “Comités de Vigilancia”, han resultado en la práctica: apéndices de los partidos políticos y trastiendas de las alcaldías, jamás lograron cumplir su cometido, siendo su actuación absolutamente nominal e improductiva para la comunidad, aunque no para ellos mismos que aprovechan para obtener privilegios. 

Similar suerte corren todos los mecanismos de control social supuestos en Bolivia, no existiendo ningún medio que permita al habitante reclamar por lo correcto. 

Resultado de ésta situación es que posiblemente el visitante se extrañará de ver continua y frecuentemente, tanto en el campo como las ciudades de Bolivia: marchas, protestas, huelgas, bloqueos de calles, bloqueos de caminos y otros medios que la comunidad utiliza para poderse hacerse escuchar, aunque raramente lo logra. 

La indiferencia y la represión son los  únicos medios utilizados para responder a las iniciativas de la comunidad.  

La comunidad internacional engañada por la propaganda oficial, suele apoyar la “democracia” cual si fuera ella la que clama por su estómago y la injusticia.