El Gobierno de Bolivia

El gobierno de Bolivia de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Ley principal del sistema legal vigente,  está conformado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

Poder Ejecutivo

El poder ejecutivo del gobierno en Bolivia, lo encabeza el Presidente de la República quien es elegido por la mayoría de los miembros del Congreso, a su vez “constitucional” según se establece, excepto si en las elecciones generales fuera favorecido con el 50 % mas uno de los votos, caso en el que su acceso a la Presidencia no requiere pasar por el Congreso. 

También pueden darse excepciones si el titular fallece o renuncia y constitucionalmente le sucede el Vicepresidente, el Presidente del Congreso u otros según una cadena jerárquica establecida en el mismo instrumento legal. 

En la historia de Bolivia,  muchas veces el congreso o entidades equivalentes se han conformado al margen de la Constitución para nombramientos de presidentes con o sin elecciones generales de por medio. 

Igualmente la historia boliviana registra muchos “golpes de estado”, frase familiar para los nativos, que significa apoderarse del poder por la fuerza. 

El presidente es el Comandante General de las Fuerzas Armadas de Bolivia y muchos gobiernos se sustentan en la fuerza que éstas ejercen contra el pueblo. 

En éste país, muchísimas veces los presidentes constitucionales han sido derrocados por militares de todo rango, en varios casos por el propio Comandante en Jefe, nombrado por el primero. 

El vicepresidente también es elegido por el Congreso siendo tradicional que sea el acompañante de fórmula del Presidente. 

Aquel reemplaza constitucionalmente al primero en toda eventualidad que le impida ejercer su cargo. 

A su vez el vicepresidente es Presidente del Congreso, que es el Poder Legislativo. 

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Poder Legislativo

El Poder Legislativo o Congreso de Bolivia, está conformado por la Cámara Alta o de Senadores y la Cámara Baja o de Diputados. 

Este conglomerado de personajes llegan a ésta posición, histórica y mayoritariamente como servidores incondicionales de los caudillos criollos y las corrientes de turno. 

Veintisiete senadores -seleccionados por los “jefes” de los partidos y sus círculos, de acuerdo a los “méritos” que hubieran “aportado”- representan supuestamente a los nueve departamentos de Bolivia, conformando la cámara alta. 

Cualquier visitante en Bolivia podrá comprobar que el ciudadano de la calle (peor del campo) ni les conoce. 

Ciento cuarenta diputados que desde siempre fueron elegidos en listas generales del partido del candidato a presidente, desconocidos mayoritariamente por la ciudadanía, no solo llegan a ésta instancia de gobierno sino que una vez allí negocian la elección presidencial y la repartija de las cuotas de poder, en muchos casos definidas aún antes de haber sido seleccionados. 

Apenas hacen algunos pocos años, a fuerza de tener que apaciguar la indignación popular, los políticos tuvieron que instituir a regañadientes el voto directo para elegir al 50 % aproximado de ellos, (68), siendo la mejor ocasión y demostración de cómo se puede manipular y prebendalizar la voluntad ciudadana, con vergonzosas campañas digitadas desde las fuentes más altas del poder en favor de parientes y privilegiados sin ninguna relación con sus votantes. 

Tráfico e intercambio de votos, traslados de votantes, registros fraudulentos, fondos nacionales partidarios volcados a favor de elegidos “a dedo” (nombrados), millonarias campañas con fondos públicos y otras habilidades se cuentan en tan poco tiempo de éste ejercicio, nominalmente “democrático”. 

La elección presidencial es el principal objeto del poder legislativo, nunca fue cristalina, siempre fue negociada. Los dividendos de los acuerdos duran años, tantos que muchas veces sobrepasan los periodos de las gestiones convenidas. 

El encubrimiento, la impunidad, la mutua correspondencia, la tradicional componenda, la manipulación de investigaciones y procesos, la negociación de contratos, cargos, embajadas, ministerios y asignaciones o cuotas de poder, son los clásicos argumentos del accionar legislativo. 

Las elecciones de funcionarios del poder judicial, de los contralores, de los fiscales, de los superintendentes, de los supuestos defensores del pueblo, de los representantes en las empresas mixtas con administraciones foráneas,  los casos que accidental o interesadamente “caen” en su jurisdicción y las medidas y actos del ejecutivo; son valiosas e inmejorables oportunidades para obtener réditos, beneficios, privilegios  y garantías. 

La legislación en favor de los intereses de la nación y la fiscalización de los actos del poder ejecutivo son, teóricamente, según la Constitución: las funciones principales de éste poder del Estado boliviano.

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Poder Judicial

Representa la administración de la justicia en Bolivia. 

Su organización parte de la Corte Suprema de Justicia, ente mayor que no tiene otro nivel de apelación –teóricamente- y cuyos fallos se cumplen (siempre que el afectado no cuente con los medios para lograr lo contrario) 

Cada Departamento (nueve) de Bolivia es un Distrito Judicial y cuenta a su vez con su propia “Corte Superior de Justicia” que es la penúltima instancia de apelación de los casos locales de cada sitio. 

Los jueces ordinarios ejercen y administran la justicia en su primera instancia. 

Igualmente existe la Fiscalía General y las Fiscalías Departamentales (disputadísimos cargos para los partidos políticos) y los fiscales ordinarios y adscritos a diferentes instancias procesales.  

Demás está decir que los nombramientos de los miembros del poder judicial en todos sus niveles, con mayor o menor, formalidad están circunscritos en el ámbito político de la componenda y el favor partidario. 

De ahí que la impunidad en los delitos de orden público es la realidad cotidiana en Bolivia, al igual que en todos los casos de delitos comunes en que se disponga de los medios e influencias políticas y/o económicas necesarias como para resolver el problema. 

En Bolivia se estila enjuiciar y sancionar sañudamente  a los acusadores o denunciantes de delitos públicos y se suele premiar generosamente con la impunidad y mejores oportunidades a los acusados.  

Hombres probos y correctos además de buenos profesionales en la judicatura son frecuentemente combatidos y procesados por causas inventadas o fabricadas para lograr su retiro forzado. 

Se inventó, hace algunos años,  bajo la presión moral del pueblo: el llamado Consejo de la Judicatura, con el objeto de supervisar el trabajo de los administradores de Justicia del país. 

Pocas veces se ha debido ver tan sañuda persecución, acoso y presión para sus encargados; al extremo de expulsar y procesar a quienes intentaron cumplir con la misión encomendada, afectándoles indefinidamente e intentando inclusive impedirles  el ejercicio de su profesión.  

No termina ahí este escandaloso accionar: el congreso modificó la ley, limitando (anulando) los alcances y atribuciones de dicho Consejo para convertirlo (hoy) en un ente decorativo al servicio de intereses políticos y coadyuvador de la corrupción judicial y consecuentemente la pública. 

Iguales situaciones se han dado recientemente cuando una fiscal investigó delitos con daño público en empresas capitalizadas, el gobierno optó por destituir a la fiscal, imponer un títere y aún sustituir a otro Fiscal que quiso enmendar los errores. 

Ninguna esperanza de justicia para castigar la corrupción y abusos públicos es posible en este país.

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Ministerios

El poder ejecutivo del presidente, es ejercido a través de un conjunto de ministerios para los diferentes rubros y actividades por lo que su número y campo de acción es frecuentemente motivo de cambios en cada gestión, generalmente intrascendentes y de forma. 

El gabinete de ministros, junto al Presidente definen y firman los Decretos Supremos que son instrumentos a través de los que pueden tomar algunas decisiones teóricamente transitorias que a veces se tornan en definitivas, si es que el Parlamento no los cambia, rechaza o reemplaza con la emisión de leyes. 

El poder ejecutivo propone políticas al parlamento, que se aprueban como leyes.  

Por éste motivo, siempre ha sido necesario que la mayoría de parlamentarios sean partidarios del presidente, con lo que se desvirtúa el rol fiscalizador del parlamento sobre el ejecutivo.

La Constitución Política del Estado de Bolivia establece que el nombramiento y la remoción de los Ministros de Estado es una atribución del Presidente de la República, quien puede designar Ministros de Estado sin Cartera, cuya competencia deberá estar referida a temas específicos.

Todos los Decretos y disposiciones del Presidente de la República deben ser firmados por el Ministro del área correspondiente. Estas instrucciones o disposiciones no son válidas ni obedecidas sin dicho requisito.

Los asuntos o negocios de la Administración Pública boliviana se atienden y resuelven a través de los Ministros de Estado, cuyo número y atribuciones están determinados por Ley de la República.

En el presente año de 2.003 se dictó la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), Ley No. 2446 en fecha 19 de marzo, la que modificaba una anterior con el mismo fin, la que a su vez lo hacía con otra similar y así sucesivamente.

En éste caso se redujo el número de ministerios argumentando reconocer la presión popular de excesos en los gastos del gobierno.

De acuerdo a aquella Ley, en el gobierno existirían los siguientes Ministerios de Estado:

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

• Ministerio de la Presidencia

• Ministerio de Gobierno

• Ministerio de Defensa Nacional

• Ministerio de Hacienda

• Ministerio Desarrollo Sostenible

• Ministerio de Desarrollo Económico

• Ministerio de Servicios y Obras Públicas

• Ministerio de Educación

• Ministerio de Salud y Deportes

• Ministerio de Trabajo

• Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios

• Ministerio de Minería e Hidrocarburos.

Menos de seis meses después, a partir del seis de agosto, nuevamente se modifica el número de ministros aumentándolo, echando por tierra lo anterior. 

Esta es la forma tradicional en la que se suele administrar el estado, según los intereses políticos del momento y sin tomar en cuenta las necesidades de la población. 

Además se ha inventado hace pocos años la figura de los viceministros, para poder dar cabida a tantos pretendientes políticos a cargos jerárquicos, en realidad son más ministerios. 

Actualmente pasan de ser unas cinco docenas de cargos, entre muchos otros, absolutamente ineficaces e intrascendentes.

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Prefecturas 

Por otra parte, en Bolivia los llamados Departamentos, que son nueve,  son unidades administrativas y territoriales en las que se ha dividido toda la república, y están gobernados, a nombre del gobierno central,   por las “Prefecturas de Departamento” a cuya cabeza se encuentra el Prefecto, autoridad nombrada directamente por el Presidente. 

Este cargo, político y sin ningún otro requisito que la incondicional servidumbre, bajo distintas denominaciones dispone a su vez de un “gabinete” de directores por áreas que administran a todas las provincias que son las sub-unidades territoriales en que cada departamento de Bolivia se divide. 

Recientemente la creatividad de los tecnócratas y políticos, en su continuo afán de reforzar el esquema que los sustenta y adaptarlo y mimetizarlo en medio de las corrientes y demandas populares e internacionales periódicas,  inventó los Consejos Departamentales, formados por representantes de la comunidad (políticos) elegidos por los concejos municipales del Departamento (componendas y cuotas partidarias), en un intento de crear un aparente nexo entre lo departamental (regional) que representa a su vez lo nacional o central, con lo local. 

Este ente, supuestamente tendría la función de acercar a la Prefectura a las distintas zonas de la región con representantes directos y además fiscalizar los actos del Prefecto, sin embargo es éste quién preside el mismo, convoca a las sesiones, propone su contenido y dispone las facilidades para los Consejeros, por lo que en la práctica ha sido un estéril aumento de la burocracia. 

Existe también la figura de los sub-prefectos que algunas regiones disponen según su importancia. 

En las provincias existen los “cantones” o poblaciones en las los “corregidores” ejercen la representación del ejecutivo. Imagine el lector la cantidad de “delegaciones” que administra el Estado. 

Generalmente, las agrupaciones o coaliciones políticas gobernantes del país, delegan a sus representantes “departamentales” en relación a  su propia organización partidaria, con la función de “copar” (llenar)  y administrar las causas regionales, no sin antes asegurarse que podrán “controlar” las situaciones que lo ameriten. 

Entidades estatales y para-estatales a cargo del Gobierno Central, vía Ministerios o Prefecturas, disponen de oficinas y reparticiones departamentales, regionales o locales en distintas capitales, ciudades, poblaciones y lugares de la geografía boliviana, en las que acomodan a sus partidarios y las que utilizan como avanzadas partidarias con recursos del Estado, para cumplir campañas o hacer tratos y componendas. 

Al tener absoluta incidencia política-partidista, estas reparticiones por lo general se ponen al servicio de las gestiones y campañas políticas y se utilizan para construir las bases de apoyo necesarias para el “ascenso” gradual de sus eventuales directivos. 

Recursos y bienes del Estado suelen usarse indiscriminadamente para fines personales y partidarios, moneda corriente en el quehacer diario de la administración boliviana. 

Cargos ejecutivos, gerenciales, directivos, técnicos, culturales o científicos son ocupados por igual por dirigentes de la servidumbre de políticos, incrustados en los barrios, gremiales, campesinos, artesanos o parientes y allegados de los anteriores. 

Las representaciones bolivianas en el mundo, dependen también del poder ejecutivo y suelen ser objeto del mismo trato y argumentos, salvo honrosas excepciones de connotados personajes que inclusive “ad honorem” sirven sacrificadamente a éste país. 

El sistema “electoral” obliga a los actores “elegidos” a cumplir con los compromisos contraídos en las “negociaciones” y componendas con los viabilizadores de la gobernabilidad, que además se jactan de ser paladines de la democracia. 

Las más inverosímiles alianzas y burdas coaliciones se han dado y se siguen dando al calor de la “gobernabilidad” que permite la distribución gratuita de los factores de poder hasta entre los menos favorecidos con el voto.  

Trapecistas y equilibristas de todo calibre se dan modos para permanecer durante décadas arrimados en el poder, sin importar quien lo detente ocasionalmente, lucrando y usufructuando beneficios, riquezas y privilegios para todas sus generaciones valiéndose de los “espacios” que genera el ejercicio de la “democracia” fabricada y utilizada por ellos mismos.

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Las Cárceles

Las cárceles en Bolivia, particularmente la de "Palmasola" en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es un modelo digno de análisis, que refleja el esquema general de administración del poder y de los intereses de la comunidad con que se maneja este país. 

En el interior de ésta cárcel existen tiendas, restaurantes  y se desarrollan actividades económicas a veces más dinámicas que en su exterior, por el “mercado cautivo” en su más clara aplicación. 

Los alojados en las cárceles, de acuerdo a los recursos que dispongan “construyen” sus residencias y negocios dentro de las mismas, de ahí que su aspecto interior es similar a cualquier villorio o poblado exterior: edificios de uno o dos pisos con todas sus dependencias o simplemente “cuartos” o habitaciones, que cuando el propietario disponga o no las necesite, las puede rentar, negociar o vender. 

Similar situación ocurre con las instalaciones construidas con fondos públicos, los reclusos se apropian de las mismas, se las distribuyen y cobran alquiler o derechos a los eventuales ocupantes a vista y paciencia de los carceleros, que por lo general integran la estructura comercial del emporio hasta los niveles jerárquicos más insospechados. 

De acuerdo a los recursos e influencias que dispongan  los recluidos, éstos pueden disponer de las comodidades y espacios necesarios: desde residencias de varios ambientes, amobladas y equipadas completamente (aire acondicionado, televisión por cable, telefonía celular, correo, visitas ordinarias y extraordinarias, agua caliente, baño privado, todos los artículos y servicios que necesite) hasta modestos espacios del tamaño del cuerpo que celosamente son custodiados y rentados “solo para dormir”. 

Casos de reclusos que ordinariamente salen a cumplir sus faenas externas y que sólo se presentan semanalmente para contestar la “lista” judicial y que a veces cometen toda clase de delitos en sus salidas, sin forma de denunciarlos porque ya no hay como apresarlos, son típicos. 

Robos de vehículos, asaltos a residencias y casas comerciales o bancos y secuestros a personas son dirigidos desde las cárceles, mediante celulares y mensajeros; cobrándose rescates o vendiéndose información para “devolver” lo robado -previo pago- en la misma “prisión”. 

Frecuentemente se asalta a los portadores de rescates y recompensas dentro los recintos. Nunca se sabe quienes fueron. 

La liberación indiscriminada de presos y detenidos por los jueces, el mal uso y caprichosa interpretación de códigos y leyes, la impunidad y el encubrimiento, las fugas con complicidad pagada, las coimas (sobornos) y otros medios de eludir la debilitada ley, son moneda corriente de la realidad cotidiana. 

Arduo trabajo espera a los bolivianos para contener la ola delictiva pública y de la otra; cambiar su sistema judicial rompiendo su dependencia política y lograr un equilibrio que por lo menos se aproxime a la justicia.