El Desempleo en Bolivia

La administración del Gobierno de Bolivia –hasta el 17 de octubre de 2.003 - reportó que la cifra del desempleo en el país llega al 11,6 % sobre una “Población Económicamente Activa” (PEA) de 3.7 millones de personas.

Por otra parte, fuentes independientes como el “Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) afirman que el desempleo en Bolivia afecta al 12% de la población económicamente activa. Esto significa que cerca de medio millón de personas buscan empleo actualmente sin encontrarlo.

A esto se suma el hecho de que en el sector privado los despidos son permanentes debido a que la crisis que se mantiene desde hacen años y se ha agudizado en los últimos, obliga a cerrar a muchas  empresas, a trabajar con el mínimo de su capacidad y/o   tercerizar sus actividades.

El 60 por ciento de las factorías de la industria manufacturera nacional utiliza apenas el 44 por ciento de su capacidad instalada y sus ventas se reducen constantemente al igual que sus ingresos. El análisis de los propios empresarios industriales revela que la demanda de sus productos decayó en ochenta millones de dólares solo en el año 2.002 y que la mitad de las empresas formalmente establecidas presentaron pérdidas al cierre de dicha gestión, manteniéndose y pronunciándose más en los siguientes años.

El ambiente recesivo afecta con mayor rigor a la industria, el comercio, la minería y la construcción, lo único que crece sin cesar es la mora bancaria, cuyo nivel ya puso en alerta máxima a los banqueros, pero que será inevitable mientras las empresas legales vendan poco, mientras el contrabando es de venta libre y abierta en los mercados informales que se multiplican a diario.

En general, de acuerdo a las tendencias que van ocurriendo invariablemente, se estima que el índice de desempleo llegue libremente al 13 % o más hasta fin del presente año.

Por otra parte, el índice de subempleo alcanzó al 65 por ciento de la Población Económicamente Activa, siendo el más alto de América del sur (55 % Venezuela y Ecuador, otros son menores aún)

Una buena parte de estos trabajadores bolivianos obtiene ingresos tan reducidos, que no les permite financiar sus necesidades de alimentación y subsistencia, a pesar de que cumplen con jornadas completas de trabajo (el 37 por ciento de la población nacional actual boliviana de nueve millones de bolivianos, sobrevive con menos de un dólar de ingresos al día).

Los datos oficiales deliberadamente  conservadores,  no muestran a cabalidad la magnitud real del subempleo; a pesar de ello, establecen que el 40 por ciento de las mujeres trabajadoras y el 27 por ciento de los varones trabajadores del área urbana confrontan este grave problema.

Hasta un tercio de los asalariados están trabajando en condición de eventuales y otro significativo segmento de la población subempleada trabaja involuntariamente a tiempo parcial, por debajo de la jornada normal, debido a la crisis económica y a la recesión que afecta a las principales actividades productivas de la economía urbana, tanto en el sector formal como en el informal.

Sobre este sector de asalariados, el gobierno boliviano quiso a principios del año 2.003  - bajo la presión del Fondo Monetario Internacional - descargar el peso de la crisis fiscal, a través de un impuesto al salario, que generó justificadas protestas y convulsión social, que continuaron diversificandose hasta derrocar al gobierno.

Actualmente todo intento de imponer mayores tributos u ordenar los existentes choca con una cerrada oposición, pues nadie quiere modificar su estado actual perdiendo más de lo que ya no tiene. 

En este ejército de subempleados, la insatisfacción y frustración laboral son crecientes al constatar que tener una fuente de trabajo en Bolivia no garantiza, ni mucho menos, un ingreso digno que cualquier ser humano requiere.

Se estima que en Bolivia, la mitad de los trabajadores asalariados no cuenta con derecho a la seguridad social ni tiene cobertura de salud, como tampoco obtiene beneficios colaterales normales como vacaciones anuales de ley o aguinaldo (sueldo extraordinario de fin de año).

Solo en el área urbana del país se estima que existían, a fines del 2001, cerca de 700 mil trabajadores ocupados en empleos precarios, mal remunerados y sin protección social ni laboral. Hoy la situación es peor en cifras, calidad de empleos y consecuencias.

No solo eso sino que las debilidades políticas y el fácil expediente de tomar lo ajeno en un país en que la ley es recurso válido solo para los que la manejan, hacen que de forma recurrente el gobierno eche mano de los recursos de la seguridad social, sin ninguna reponsabilidad para el futuro, dejando en el desamparo y las impotencia a la población. Dicha actuación del Estado se repite actualmente de manera descarada.

Entre los trabajadores por cuenta propia, la situación es mucho más dramática, ya que las condiciones de trabajo son prácticamente de crítica subsistencia al concentrarse en actividades precarias y de muy baja productividad.

La empresa privada, reducida a su mínima expresión por falta de consumo, capacidad e incentivos del Estado y  por otro lado el gobierno, en todos sus estratos, agotando las arcas públicas para satisfacer las necesidades de sus partidarios y "clientes", sin ni siquiera lograrlo; han dejado al país en un estado tal  que la informalidad, el contrabando, el narcotráfico o la delincuencia se han convertido en serias alternativas de sobre vivencia para muchos.

Otros han optado por emigrar a países vecinos, Estados Unidos, España u otros que son los preferidos por miles de bolivianos, que a cambio de cualquier paga por servicios terciarios y a veces en condición de ilegales, obtienen la sobre vivencia de los suyos. En Bolivia, cada día, largas colas de personas duermen en la calle para lograr obtener sus documentos de salida del país en medio de corruptos procesos.

El “Plan Nacional de Empleo” (PLANE) propuesto en anteriores gestiones de gobierno y continuado hasta el actual, es una fuente precaria de empleo de remuneración mínima y eventual que de alguna manera busca paliar en algo la crisis generalizada. Sin embargo carece de planificación y continuidad y aparte de paliar suave y circunstancialmente algunas necesidades, es un desperdicio de fuerza laboral usado a veces de forma inconveniente y para intereses de terceros.  

Lejos de mejorar la condición de los bolivianos con las tendencias liberales de los últimos veinte años,  el cierre de las empresas estatales dejó en la calle a cerca de veinte mil trabajadores asalariados y muchos otros de empleos conectados en su primera etapa y con la capitalización de hacen ocho años se echó a otros 10.000 empleados más por los servicios que ya no se toman.

Esta masiva masacre blanca se dio inicialmente en el sector minero, parcialmente en el petrolero e industrial, para continuar luego con los sectores del transporte por vía férrea y aérea, las telecomunicaciones y completar con las actividades e industria petroleras.

Solo las empresas capitalizadas (privatizadas con propuestas de inversiones a cambio de un 51% de la administración y el total de su patrimonio) empleaban a catorce mil bolivianos contra poco más de cuatro mil que ocupan ahora.

Los efectos demoledores de lo anterior en el mercado de consumo han sido irrecuperables hasta ahora y con tendencia a empeorar.

La industria, la construcción y el comercio legales, en todas sus escalas, han sido las principales víctimas, aparte de los despedidos y la totalidad de la población, excepto grupos dominantes.

Se estima que el 95 % de las actividades empresariales del país está conformada por micro y pequeñas empresas con menos de diez empleados, generalmente de baja productividad, limitada capacidad empresarial, grupo familiar inmerso, alto rezago tecnológico, nulo o micro financiamiento de alto costo, empleadores informales, precarias condiciones de trabajo, salubridad y seguridad, acoso tributario y de soborno, impotencia total ante el mercado callejero, el comercio y actividad informales y la competencia ilegal del contrabando.

En el área urbana, el 47,6 por ciento de las microempresas se dedican al comercio, el 23 por ciento a la manufactura, el 10 por ciento a la construcción, el 7 por ciento a los servicios sociales y comunales, el 6 por ciento a otros servicios y el 6 por ciento al transporte y comunicaciones.

Por último, el gran sector informal en Bolivia, recurso político de alto valor numérico, compuesto por miles de personas y familias que realizan actividades en todos los rubros, tanto en la ciudad como en el campo, de bajos ingresos, calidad dudosa de productos, nula tributación, ninguna ley laboral, costos de sobre vivencia que estrangulan al comerciante o productor formal y legal, cero valor agregado, vinculación al contrabando y mercancías robadas o ilegales, falta de normas de salubridad y seguridad, violación de normas urbanas, usufructo abusivo de servicios y espacios públicos, sobornos y otros efectos.   

El pronunciado aumento del desempleo que subió un 4 % en cinco años ha provocado un notable deterioro general en las condiciones y calidad de vida de los bolivianos.

La baja de la capacidad adquisitiva y la crisis generalizada han devaluado los bienes en el mercado en un sesenta por ciento en el último quinquenio, es decir que los bolivianos que habrían podido tenerlos hasta entonces son ahora más pobres en casi una relación del doble.

La crisis del empleo y su pronunciado deterioro en las ciudades, la virtual desaparición gradual de la economía campesina de occidente en ocaso y la dura realidad rural del resto del país, han generado una migración masiva y constante a los centros urbanos, aumentando la depresión de los círculos marginales,  y la precariedad de salud, seguridad, alimentación, vivienda y otros factores que hacen a la vida misma, enseñoreándose la inseguridad, la pobreza extrema y la falta de oportunidades.